La berlusconización de la política

21.11.2009 | 08:40

JUAN MIGUEL MARGALEF. Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia*

Los recientes conflictos surgidos en torno a la conservación de bienes culturales en Murcia, parking de San Esteban; en Cartagena, puerta del CIM; y en Lorca, construcción de un Parador en pleno castillo, ponen de manifiesto los efectos de una política cultural que se ha venido practicando en la Región de Murcia en los últimos quince años. Política que afortunadamente está empezando a chocar con una ciudadanía que aprecia y valora los bienes culturales cada vez más.
En todos los casos sorprende y escandaliza la actitud de las Administraciones regional y local que, en lugar de ser garantes de una intervención seria e imparcial, como sería de desear, jalean la demolición y el desmonte de los restos, restándole importancia a los hallazgos y actuando muchas veces en defensa de intereses privados y en perjuicio de todos los murcianos, en definitiva; porque el patrimonio histórico es un bien público consagrado en la Constitución.
En el caso del parking de San Esteban está clarísimo que la conservación de los restos choca frontalmente con los intereses de quienes promueven ese parking y de un Ayuntamiento que lo ha alentado a pesar de la notoriedad de los eventuales restos arqueológicos. En Cartagena, la única 'razón de peso' que existe para demoler la antigua puerta del Cuartel de Instrucción es que no hay dinero para restaurarla. Lo cual clama al cielo cuando se acaban de perder 600.000 euros de subvenciones estatales por falta de proyectos para la Catedral Vieja y el Anfiteatro.
En el caso del Castillo de Lorca y de la eufemística y cínica 'reubicación' del palacete Ponce, de Murcia, también se ha beneficiado descaradamente intereses privados. En Cartagena se ha beneficiado claramente a los particulares en el edificio Cónsul (junto a la Universidad); en las 'Casas de los Catalanes', ambos edificios protegidos con grado 3 en el plan especial; en el proyecto de los 'Portales de la Lonja', donde se han autorizado nueve plantas junto al Monte Sacro; en Santa Lucía, donde se quiere construir una barrera, también de nueve plantas, entre el mar y el barrio; y en el edificio Llagostera, en plena calle Mayor, que se quiere vaciar enteramente para construir un parking.
Todas estas actuaciones son consecuencia de varios factores directos imputables claramente a decisiones políticas y a otras causas de orden general.
Los factores políticos son: a) la transferencia de la responsabilidad de la gestión del patrimonio histórico a los Ayuntamientos, que la supeditan a la gestión urbanística pura y dura; b) la subordinación de la dirección general de Cultura, hoy de Bellas Artes, máximo órgano responsable de la protección del patrimonio histórico en la región, a los Ayuntamientos; c) la subordinación de los técnicos de patrimonio a los políticos; d) la supresión del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico, incumpliendo la ley elaborada por el propio Partido Popular; e) la política de organismos consultivos; y e) la vergonzosa Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, que somete los bienes culturales al régimen común de ruina y declara abolida la diferencia entre bienes muebles e inmuebles, consagrando la movilidad de los segundos en contra de todo sentido común, para dejar las manos libres a las Administraciones regional y local.
Inconsecuentemente con estas decisiones de carácter político que acabo de enumerar, que son claramente constatables, el Partido Popular convierte cualquier discrepancia técnica o de opinión en temas de patrimonio histórico en causa de guerra política y acaba siempre por sostener sus posiciones iniciales aunque sean equivocadas para no perder la escaramuza de turno.
Todo ello nos lleva a una situación absurda y claramente perjudicial para los bienes patrimoniales de la Región de Murcia. Como no existen los medios para elaborar criterios de actuación científicos e imparciales porque los organismos consultivos o no existen, como es el caso del Consejo Asesor de Patrimonio, o no tienen los cauces para expresarse, o están maniatados, o son claramente clientelares, como la Academia de Bellas Artes... no acabamos de tener nunca una referencia clara que permita a los gobernantes tomar las decisiones más adecuadas y a los ciudadanos saber que lo son.
En el fondo de todo subyace una falta de convicción del partido gobernante en la Región en la Constitución y en la ley 16/85 del patrimonio histórico español y en especial en lo que se refiere a la conservación de todo patrimonio que no sea monumental. En la Región de Murcia se ha llevado a cabo restauraciones y puestas en valor de monumentos importantísimas en los últimos años, pero también se han perpetrado agresiones gravísimas a las que se debería poner coto.
La opinión pública es perfectamente consciente de esta situación y los políticos deberían tomar nota y ponerse manos a la obra. Los Ayuntamientos no tienen los medios técnicos especializados que se precisan para actuar en bienes patrimoniales, ni el 'distanciamiento urbanístico' necesario para intervenir imparcialmente. Es absolutamente necesario que el PP cumpla la promesa política de crear un Consejo Asesor de Patrimonio regional riguroso e independiente que vertebre a las organismos consultivos; que devuelva a la dirección general de Bellas Artes la autoridad que le corresponde según los decretos de transferencias, el estatuto regional y la Constitución española; y que se cambie la Ley de patrimonio regional.

* Juan-Miguel Margalef es ex director general de Cultura de la Comunidad Autónoma y directivo de ADEPA.

martes, 5 de febrero de 2019

¿Hemos aprendido la lección?

La debacle del frustrado Plan General de Cartagena, iniciado en 2005, anulado en 2015 por el TSJ de Murcia y el Tribunal Supremo y prorrogado estérilmente durante esta legislatura, podría tener una lectura positiva si evaluáramos no solo el plan en si mismo que, a juzgar por las sentencias, no respondía a la legalidad; si también analizáramos la efectividad de las políticas urbanísticas llevadas a cabo en Cartagena desde 1995, que son las que el Plan quería “santificar"; y si, de todo ello, sacaramos las conclusiones adecuadas, por supuesto.

A la luz de esas políticas a las que me refiero deberíamos concluir por ejemplo que las modificaciones de trama urbana y de liberalización del suelo llevadas a cabo por el propio Ayuntamiento en el Barrio Universitario y en el Montesacro han sido inútiles y no han conseguido sacar el casco histórico de su marasmo, sino todo lo contrario. Las modificaciones de trama ya estaban prohibidas en la ley del 85 cuando se “fabricó” el PEOP, pero también fueron ratificadas negativamente por el Supremo en la sentencia de Caridad 22 (2012), mal que le pese al TSJ de Murcia.

Con respecto a las operaciones de liberalización del suelo ya hemos visto los resultados del Barrio Universitario en el cual el Ayuntamiento de desvinculó del Plan Urban que nos había procurado casi tres mil millones de pesetas para el antiguo Hospital de Marina y que podría habernos dado mucho mas aún si algunos no hubieran sido tan avariciosos. Esta arriesgada operación nos ha acarreado indemnizaciones millonarias a propietarios expropiados injustamente y ni siquiera ha supuesto la recuperación de las plusvalías generadas. Sin contar la publicidad negativa de ver aparecer a Cartagena en una macro-causa contra la corrupción que esta investigando el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional. Operación que para más inri lleva el calificativo de “Púnica”.

En lo que se refiere a Montesacro las cosas han ido aún peor. Afortunadamente no se vendió después de arrasado a la Caja de Castilla La Mancha, porque si así fuera ahora estaría intervenido. Pero no deja de ser un enorme agujero negro de solares por el que también se escapan los recursos malversados por ese artificio público-anónimo que es Casco Antiguo S.A, del que quizás sepamos algún día los verdaderos resultados de gestión si se publican los resultados de la investigación realizada en su seno, que espero que sea pronto.

La experiencia de Casco Antiguo S.A. que estaba llamado a ser el agente dinamizador urbanístico, tampoco ha sido muy positiva que digamos, porque desde luego no servido para sacar de su letargo a esos grandes propietarios urbanísticos a cuyo club se ha sumado ahora el Ayuntamiento y a los que ha secundado derribando edificios protegidos y fabricando solares abandonados de difícil viabilidad como el del Montesacro sobre la muralla de Possi.

Tampoco puede decirse que el Proyecto Novo Carthago, otro proyecto estrella de las corporaciones pasadas, que intentaba esquilmar el Espacio Natural Protegido de los 'Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor', en el Saladar de Lo Poyo de Cartagena haya sido un éxito. Esta operación ha tenido además el efecto perverso de instrumentalizar San Ginés de la Jara para practicar el tele-transporte de edificabilidad. Felizmente la fiscalía investigó el caso y un juzgado anuló la operación pero todavía no sabemos que ocurrirá con el monasterio a medio reconstruir.

Paradójicamente los mas destacados aciertos urbanísticos de las pasadas legislaturas han venido de la mano del tan denostado patrimonio histórico, que ha recibido también innumerables golpes y destrozos, pero que ha demostrado ser mas capaz de construir ciudad, de atraer recursos de mecenazgo, de servir de apoyo a la Universidad Politécnica y de crear industria turística, que las operaciones especulativas antes citadas. Es decir, todo lo contrario de lo que auguraban sus detractores.

Cabe felicitarse por ello y no nos deben doler prendas en reconocerlo aunque lamentemos los recursos perdidos y las posibilidades frustradas. Además del Teatro Romano, el Barrio del Foro y Puerto de Culturas, Cartagena podría tener, entre otras cosas, un centro histórico modernista en condiciones, un Anfiteatro excavado, un complejo de arquitectura defensiva casi integro en torno a su Arsenal, el único de la costa mediterránea, y una Sierra minera protegida y convertida en recurso turístico como ya sucede en Asturias, Alemania o Gran Bretaña. Es decir, la ciudad con mayor oferta patrimonial de la costa española mediterránea.

Obviamente el patrimonio histórico no lo es todo en una ciudad pero en nuestro caso su éxito desdice a los agoreros que nos han venido diciendo desde 1987 que había que tirarlo todo al suelo para permitir construir una ciudad nueva. Ya han derribado buena parte de la ciudad ¿Para cuando la nueva ciudad? No será que no hay sitio, porque si algo no sobra son solares.

Por eso muchos pensamos que hay que sacar conclusiones de esta experiencia y elaborar definitivamente un plan que sea respetuoso con las leyes y que proteja y desarrolle Cartagena al mismo tiempo, sin olvidar volver a poblarla porque las ciudades “decorado”, dicho sea de paso, tampoco tienen sentido.

Hay que ser consciente de que los principales escollos que ha tenido el frustrado Plan de 2005 han sido legales y técnicos y por ello hay que dejar de perder el tiempo en buscar atajos que no llevan a ninguna parte y ponerse manos a la obra.

Juan-Miguel Margalef

Vocal de comunicación de ADEPA

Urbanismo y patrimonio histórico de Cartagena

sábado, 26 de octubre de 2019

Cartagena patrimonio de la humanidad

lunes, 21 de octubre de 2019