El catalogazo

EL CATALOGAZO

Lo grave e ilegal del “Catálogo de modificaciones al grado de protección del PGMO”, que acaba de aprobar el pleno del Ayuntamiento de Cartagena es que no prueba de que forma puede ser un instrumento de la política de protección del patrimonio histórico al que está obligado un ayuntamiento que tiene un conjunto histórico que es BIC como el de Cartagena.

El documento aprobado es en su literalidad: una mera lista de edificios que cambian de grado o se desprotegen definitivamente. No hay ninguna explicación de porque se hace el nuevo catálogo, ni porque se hacen ciertos cambios en la calificación de algunos edificios. Los inmuebles son tratados de uno en uno sin atender al entorno en el que están ubicados. Las modificaciones que les afectan no están avaladas por informes técnicos arquitectónicos ni de Bellas Artes. No se menciona tampoco cuando o como van a ser repuestos los edificios que se descalifican total o parcialmente y que serán rápidamente demolidos a buen seguro. No se dice a que filosofía urbanística y protectora del patrimonio responden esas medidas. Nada de nada. Sólo una lista.

            Este es en definitiva un catálogo que se podría aplicar igualmente en el Ensanche de Cartagena que en el casco histórico.

            Para valorar sus efectos no hay nada mas que cerrar los ojos e imaginar Cartagena con 63 solares más, que es el número de edificios que se desprotegen en este documento. Quien carezca de imaginación para este ejercicio basta que consulte algunas fotografías de Sarajevo o Beirut, ciudad esta última que ya ayudamos a recrear cinematográficamente.

            Pero este documento es además de grave ilegal, como ya he dicho, porque no es una alternativa a ese Plan especial del Conjunto histórico de Cartagena a que obliga la Ley de Patrimonio y el Ayuntamiento se niega a ejecutar. La Ley de patrimonio permite que instrumentos alternativos de planificación urbanística sirvan como alternativa al Plan especial pero exige que cumplan las exigencias relativas a la protección del Patrimonio que se establecen en la Ley. Dichas exigencias son muy concretas y no aparecen por ninguna parte en este proyecto de nuevo catálogo.

Por ejemplo se debe evitar los “usos degradantes para el propio Conjunto” (21.2); se debe conseguir “el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como las características generales de su ambiente “(21.3); se indica, en fin, que se pueden sustituir inmuebles solo en el caso de que se demuestre que su sustitución contribuye a la conservación del conjunto” (21.3). Estos objetivos no se consiguen  con un mero cambio de protección, como puede verse en el caso del Convento de las Siervas que a pesar de ser grado 3 corre peligro de demolición.

Ninguno de esos aspectos queda claro en el proyecto de nuevo catálogo, como tampoco se expresa en el mismo de que forma un ayuntamiento que no es capaz de acabar con los solares en el centro de Cartagena va a conseguir que esos 63 nuevos solares se construyan. ¿Con qué medidas? ¿Con qué ayudas?. ¿Cómo se va a conseguir que calles como la de Sagasta que tiene 13 inmuebles descatalogados no acusen el efecto ambiental de esa medida.

Nos encontramos pues ante un documento irresponsable en el mas pleno sentido de la palabra que puede tener efectos muy nocivos para nuestra ciudad y del que serán culpables los políticos que lo han promovido. Los técnicos ya han tenido buen cuidado de quedarse fuera.

Viendo este documento se comprende el secretismo con el que se ha llevado a cabo y porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha hecho oídos sordos a las propuestas de ayuda que por encima de diferencias ideológicas hemos hecho muchos ciudadanos en nuestro afán de aportar nuestro granito de arena.

No se ha hecho caso a nuestros intentos de crear organismos de consulta eficaces y responsables. No se han solicitado informes a entidades consultivas, que es un recurso habitual en este tipo de procesos. Por no tener ese documento ni siquiera tiene el apoyo de los técnicos de la administración que han trabajado en algún momento en el catálogo.

Como es público y notorio el concejal Balibrea y la Directora General de cultura han sido los únicos partícipes en la última fase de elaboración de este “catalogazo”. Ellos sabrán a que intereses han obedecido pero desde luego no a la intención de proteger el Conjunto histórico de Cartagena que con este catalogo corre peligro de perder incluso la calificación como tal.

¡Podemos ahorrarnos pues el viaje a Edimburgo!. De antemano le digo a nuestra alcaldesa, tan dispuesta a partir en viaje de estudios, que la legislación inglesa es mucho más estricta que la nuestra en esta materia. 

Por parte de Adepa la mano sigue tendida para enmendar este entuerto pero también estará firme para defender el Conjunto histórico de Cartagena donde haga falta.

Juan-Miguel Margalef

Presidente de ADEPA

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A buenas horas mangas verdes

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena y la Sociedad Casco Antiguo han puesto en marcha recientemente dos medidas de choque que intentan paliar algunos de los gravísimos problemas que afectan al urbanismo cartagenero y que pueden llegar a tener una gran trascendencia si se aplican bien. Me refiero a la ordenanza de solares y a la elaboración de un plan especial del conjunto histórico.

La primera consideración de orden general, que cabe hacer a estas dos iniciativas desde la perspectiva de la Asociación para la defensa del patrimonio (ADEPA), es forzosamente positiva, toda vez que ambas son viejas reivindicaciones de esta asociación y ante ellas no cabe otra cosa que congratularse. Desde ADEPA pensamos que es mejor tarde que nunca, aunque también apreciamos que la tardanza en adoptar tales medidas ha tenido su coste para el conjunto histórico.

Las medidas aprobadas son de orden distinto y por lo tanto merecen análisis separados.

Creemos que la necesidad de un Plan Especial se ha hecho evidente a lo largo de los últimos años, porque se ha ido apreciando que con medidas parciales y de corto alcance no se conseguía detener el deterioro del Conjunto histórico ni lograr su reactivación.

Regenerar un casco histórico es un problema urbanístico pero también sociológico, cultural, económico y de otros muchos órdenes que deben ser convenientemente orquestados en un Plan Especial.

Nos parece muy bien la decisión de elaborar un Plan Especial pero en coherencia con el espíritu de esa iniciativa consideramos que se deben paralizar otras actuaciones del ayuntamiento que son contradictorias con la intencionalidad del propio plan. Naturalmente nos referimos al mal llamado catálogo de edificios protegidos, que sin acabar de tramitarse ya se ha llevado por delante muchos edificios singulares y alguno tan significativo como el antiguo convento de las siervas de Jesús.

La pregunto obvia es: ¿Para qué necesitamos un Plan especial del conjunto histórico si se van a seguir autorizando demoliciones indiscriminadamente dentro del mismo?

Nos felicitamos igualmente por la ordenanza de solares pero hemos de reconocer que esta normativa nos desconcierta un poco y nos suscita muchas dudas. Lo primero que nos parece extraño es que se pretenda aplicar por igual al Conjunto histórico que al Ensanche. La problemática de ambas zonas urbanas es bien distinta y por lo tanto las medidas a adoptar también deben ser diferentes. Para empezar en el Ensanche no hay un problema generalizado de solares o fincas ruinosas como sucede en el Conjunto histórico. Lo único que hay son problemas con algún propietario o con ciertos solares, pero esto no se debe mezclar con el Conjunto Histórico. Por poner un ejemplo, consideramos que desde la perspectiva de ese Plan especial que se dice que se pretende hacer, seria preciso adoptar medidas de ayuda para que los pocos pequeños propietarios que quedan en el Conjunto Histórico puedan rehabilitar sus viviendas y no se vean obligados a malvender. El impacto de esta norma es diferente en función de las posibilidades económicas de los afectados y esta circunstancia debería estar prevista en la ordenanza. A no ser, claro está, que lo que se quiera sea facilitar la concentración de la propiedad del suelo, que ya es altísima en nuestra ciudad por desgracia.

Esperamos leer con detalle la ordenanza para conocer el plan de financiación que sin duda debe acompañar a una medida tan ambiciosa como la que se enuncia. Ahí es nada: expropiar a los propietarios de solares y edificios ruinosos que no construyan en los dos próximos años. Nada más y nada menos. ¿Cómo se va financiar esa medida? ¿Qué procedimientos de inspección y seguimiento la van a acompañar? ¿Cómo se va a evitar la picaresca?. Porque ¿Quién nos dice que lo que les interesa a los acumuladores de suelo no es otra cosa sino que los expropien?. La expropiación a precios de mercado no es tan mal negocio.

Por otra parte y atendiendo a la situación económica del ayuntamiento de Cartagena en particular que es muy mala de por sí, y del mundo en general después del atentado a las torres gemelas de Nueva York, es difícil imaginar peor momento que el presente para aprobar una medida semejante.

Nos encontramos al final de un ciclo de crecimiento -desaprovechado por cierto- y la recesión que se avecina afectará a buen seguro a la construcción y desde luego a las inversiones públicas.

Esto supone que muchos de los solares que han aparecido en estos últimos años seguirán sin construir muchos años más y además se encarecerán en mayor medida que si estuvieran ocupados por los edificios originales. Esta es una de las consecuencias que se derivan de autorizar derribos sin obtener garantías de que se van a efectuar las reposiciones necesarias.

¿Va a tener el Ayuntamiento de Cartagena los recursos necesarios para adquirir a los particulares todo ese suelo? ¿Es justo que ahora tengamos que comprar con dinero público el suelo urbano a quienes lo han acaparado durante años con propósitos especulativos? ¿No se estará buscando una coartada para esta operación, verdad?

Los esfuerzos del equipo de gobierno de Doña Pilar Barreiro han ido encaminados básicamente hasta ahora a limpiarle la cara a las principales vías de la ciudad y a consentir la demolición de edificios protegidos con la esperanza de que se volviera a construir en el casco histórico.

Ha sido como puede verse un vano intento porque salvo el arreglo de las principales vías internas de la ciudad y alguna pequeña reactivación de la construcción en la calle del Carmen o la calle Santa Florentina el resultado de esta política ha sido la pérdida de patrimonio urbano singular, el incremento de solares y la no-reactivación de los Peris existentes en el casco.

La política seudo liberal de dejar hacer al mercado ha producido los efectos que eran de esperar: el patrimonio histórico común ha disminuido y el desequilibrio económico entre los más ricos y los más pobres se ha incrementado.

La bonanza económica ha pasado y, o mucho nos equivocamos, o la mayoría de los que han conseguido echar abajo edificios protegidos especularán ahora con los solares amparándose en la situación económica general diga lo que diga la ordenanza.

El primero que no cumplirá con sus obligaciones será el propio ayuntamiento que después de tirar apresuradamente el convento de las Siervas ahora tendrá que dejarlo convertido en solar. Ya que parece bastante improbable que en una época en la que el turismo está descendiendo en todo el mundo se construyan más hoteles en Cartagena.

De forma que bien venidas sean las ordenanzas si su aplicación es correcta, rápida y efectiva. No podemos perder más tiempo en Cartagena.

Juan-Miguel Margalef Martínez

Presidente de ADEPA

¡Cacicadas! - La demolición del convento de las siervas - Junio de 2001

El colmo del sarcasmo de lo que esta sucediendo en Cartagena bajo el gobierno de Doña Pilar Barreiro es la demolición del antiguo edificio de las Siervas de Jesús. ¿Qué puede haber más sarcástico que destruir patrimonio para construir hoteles que alberguen a hipotéticos turistas que deberían venir a ver un patrimonio que ya no existe y además arruinar la industria hotelera local?

¿Qué van a venir a ver los futuros turistas a Cartagena? ¿Un casco histórico modernista destruido por la especulación y sembrado de farolas globalizadas que cuestan un millón de pesetas cada una? ¿Una trama urbana destruida como la del PERI de la universidad? ¿Un montón de solares que llevan años sin construir? ¿Un palacio consistorial a medio restaurar? ¿Un molinete sin excavar? ¿Los restos calcinados del antiguo club de regatas? ¿El antiguo espigón de los siglos XVI-XIX destruido por la autoridad portuaria o los diques de Feringán destruidos por el Ministerio de Defensa? ¿El convento de San Ginés de la Jara que se deteriora día tras día? ¿Un cuartel de instrucción separado del arsenal del que siempre formó parte?.

La gran coartada de este equipo municipal que es el teatro romano y unos cuantos edificios dispersos se visitan en un día o dos,  y no hace falta alojarse en un hotel porque hoy en día las comunicaciones permiten venir rápidamente en coche o autobús y volver a marcharse después, a la playa por ejemplo.

Pero además de ser un sarcasmo la demolición de las siervas es un símbolo de lo que esta ocurriendo en esta Cartagena de Doña Pilar Barreiro, que como alcaldesa es la máxima responsable de lo que sucede en nuestra ciudad. Aunque bien es verdad que comparte la responsabilidad con otras personas a las que también mencionaré con nombres y apellidos, porque con todo el respeto que se debe y que yo otorgo especialmente a las personas que ocupan un cargo público, son esas personas concretas las que están consintiendo que ocurran cosas perjudiciales para esta ciudad. Cada uno es responsable de sus actos y yo quiero dejar constancia en este caso de la responsabilidad personal de cada una de las personas implicadas en este asunto.

Con respecto a Doña Pilar Barreiro cabe decir que se ha ganado ya un lugar preeminente en la historia de Cartagena en los capítulos de liquidación del conjunto histórico y malversación del patrimonio municipal. Su habilidad para no resolver los grandes problemas de la ciudad y crear otros nuevos merecerá a buen seguro un comentario destacado en las efemérides locales cuando tengamos un mayor distanciamiento crítico de los hechos y el mal sea ya irremediable.

La demolición del edificio de las Siervas es además de un pésimo negocio, porque debía ser del poquísimo patrimonio urbano que le queda a Cartagena, un símbolo de la forma cobarde y chapucera con la que se hacen las cosas en este ayuntamiento desmadrado que tenemos.  Cobarde, porque realizar esa demolición deprisa y corriendo, un fin de semana de agosto, es una verdadera cacicada. Chapucera e ilegal porque la declaración de ruina de las Siervas no es firme y, en consecuencia, es una demolición indebida. Porque no existía licencia de demolición ni el proyecto de demolición había sido visado por el Colegio de Arquitectos. Porque no se había fallado un recurso de alzada contra el derribo interpuesto por la Asociación Massiena. Porque en el expediente faltaba documentación. Porque no existía un plan de seguridad en el trabajo y algún trabajador podía haber perdido la vida. La única presencia municipal que hubo en este acto clandestino fue la policía local que con quince agentes nada menos permitió que se realizara esta demolición ilegal. Ni técnicos de urbanismo, ni alcaldesa, ni concejales. ¿Para esto sirve la Policía local?.  

No quiero dejar de mencionar que el edificio de las Siervas tenía grado tres de protección en el antiguo catálogo de bienes protegidos y en el nuevo que se encuentra en trámite de aprobación. ¿Es esta la forma de proteger el patrimonio histórico de Doña Pilar Barreiro? ¿Para qué se protegen edificios que después se destruyen?. ¿Quién sino Doña Pilar Barreiro organiza y tolera todos estos desmanes?

El segundo nombre propio responsable de lo que pasa en Cartagena es Doña Lourdes Avellá, Directora General de Cultura a la sazón, que ha demostrado ser persona muy resuelta únicamente en asuntos como la demolición de las Siervas o el nº 41 de la Calle del Carmen, o la  firma de permisos de medición arqueológica a familiares directos, por citar algunos ejemplos.  La Sra. Avellá que no tuvo ningún recato en permitir que el secretario de su consejería –saltando por encima de las competencias de la Directora de Cultura- autorizara por silencio administrativo la demolición de cinco edificios protegidos de la calle Sagasta, tampoco ha tenido reparo en avalar el vergonzoso catálogo de bienes inmuebles que pretende aprobar Doña Pilar Barreiro y que de aprobarse supondría la ruina del mal llamado “conjunto histórico” de Cartagena. Por contraste en cambio la Directora General de cultura es muy timorata y dubitatitiva cuando se trata de hacer frente a los tiburones de su partido, de aplicar la ley de patrimonio, de excavar el molinete o de evitar la ruina de San Gines de la Jara o de la Casa del Piñón por citar solo algunos ejemplos.  La Sra. Avellá ha sido incapaz de hacer frente a la furia destructora de la alcaldesa de Cartagena en el caso de las Siervas y ha colaborado presionando a las entidades consultivas para que apoyaran la demolición del inmueble. Falta por ver como va a hacer la Sra. Avellá que cumpla el Ayuntamiento de Cartagena la segunda parte de su resolución donde dice: “....el inmueble que sustituya (las Siervas) debe conservar el carácter ambiental de la zona”. Porque eso quiere decir que se deben respetar los espacios libres existentes y que la edificación no puede rebasar las tres plantas como se exigió en su día al edificio que se encuentra entre las Siervas y el Regidor.

Por último quiero subrayar la responsabilidad que tiene el departamento de historia del arte de la Universidad de Murcia que ha contribuido junto con el Colegio de arquitectos a respaldar este disparate.

Creo que el informe de la Universidad de Murcia es impropio, ambiguo y cobarde. Impropio, porque la función de la Universidad en este tipo de informes no es constatar la ruina técnica, para lo que es incompetente además el departamento de historia del Arte. Ambiguo, porque habla de la demolición en condicional rehuyendo el pronunciamiento sobre la misma. Y cobarde en fin, porque no se ha sabido hacer frente con argumentos científicos al capricho de la alcaldesa de Cartagena. ¿Para qué queremos organismos consultivos que no cumplen con su obligación?. Por cierto que las casa de los catalanes que se menciona en el informe no está frente al convento de las Siervas.

Todo este asunto de las Siervas es muy preocupante no sólo por las consecuencias que tiene para el patrimonio histórico de Cartagena y para su economía futura, que también, sino para el estado de Derecho que se basa en la división de poderes y en la supervisión de unos por otros. Doña Pilar Barreiro no ha respetado en este como en tantos otros asuntos las leyes y procedimientos administrativos que son la garantía de la democracia y además ha contado con la colaboración de organismos como la Dirección General de Cultura o la Universidad que deberían estar por encima de las chapuzas municipales. ¿Quién vigila a quien en este caso? ¿Quién protege a los ciudadanos de los desmanes de los gobernantes? ¿Quién aplica las leyes en definitiva? Y la última pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos en estos días: ¿Si se transgrede la ley en cosas tan evidentes y visibles que estará sucediendo en la trastienda? ¿Quién pone orden en este batiburrillo?


Juan-Miguel Margalef
Presidente de ADEPA
  

¡CUMPLAN LA LEY!

No puedo pretender que políticos de tantos méritos y de tan buen hacer por Cartagena (es broma, claro está) como el Sr. Megias o el Sr. Fidel Saura formen parte de mi club de fans si es que lo tuviera. Sería demasiado pedir. Por no pretender no pretendo que conozcan ni tan siquiera las cosas que se hicieron en mi época. Sería fácil para mí recordar que Cartagena tiene Casa de Cultura gracias a la Consejería de la que yo formé parte y que el Sr. Cabezos en su primer año administró su concejalía con los últimos 25 millones que le transferimos. Tampoco sería difícil recordar la restauración de la imagen y de la cúpula de la Caridad; las sanciones impuestas a San Ginés de la Jara y la casa del Piñón; o evocar que los consejos asesores y las mesas de negociación con arqueólogos funcionaban a pleno rendimiento en mi época. Podría recordar que ni una sola vez fui recusado en sede parlamentaria por el Partido Popular o que la conflictividad y la alarma social que actualmente existe con respecto al Patrimonio histórico en Cartagena no existían en mi época.

A decir verdad me importan tan poco las descalificaciones del Sr. Megias y del Sr. Saura como sus más que improbables felicitaciones. Hace falta una cierta grandeza para reconocer los éxitos de los adversarios políticos y ello no es algo que abunde en el pelotón del que forman parte estos dos sectarios.

Pero como andamos en estos días intentando que el Partido Popular en el Ayuntamiento y la Dirección General de Cultura cumpla la ley de patrimonio y remedie el desmán que está cometiendo en Cartagena, llevando adelante un catálogo que amenaza destruir lo poco que queda de nuestro conjunto histórico; y como también se ha recurrido a la desautorización de mi gestión personal en cultura, para desprestigiar una reivindicación que no sólo sostengo a titulo personal sino también la Asociación ADEPA, de la que soy presidente, MASSIENA y la Federación de vecinos; me ha parecido oportuno recordar públicamente una actuación de la que estoy especialmente orgulloso por sus resultados y porque pone de relieve que en lo que a mi se refiere el nivel de exigencia no ha sido nunca menor con mis compañeros socialistas que con los políticos del Partido Popular.

Se trata de un episodio relacionado con las obras del Antiguo Hospital de Marina que aunque estaban dotadas de financiación suficiente habían sido tan mal planteadas por los arquitectos del Ministerio de Cultura (Socialista por cierto) que amenazaban destruir este bellísimo edificio. Aquellos bárbaros habían planeado vaciar el edificio reduciéndolo a sus fachadas interior y exterior y eliminar el muro piñón que articulaba el edificio. Esto era a todas luces una barbaridad que me hizo observar el magnífico equipo técnico de la Dirección General de cultura en aquel momento. Equipo que por cierto fue diezmado por la Consejera Gutiérrez Cortines y diezmado sigue para mayor perjuicio de los responsables políticos actuales de aquella casa.

Permitimos que la obra empezara para no perder la magnífica subvención europea de la que se estaba beneficiando el Antiguo Hospital: 3500 millones. Que por cierto y para el consumo de los victimistas locales, fue la mayor subvención que ha recibido un edificio histórico en la región de Murcia en toda su historia.

Paralizamos la obra y obligamos a replantear el proyecto con lo que además de salvar el muro piñón salvamos el tejado y las magníficas vigas que se libraron del desguace. Suerte que por cierto no han tenido las vigas que se han extraído de la base de submarinos de Cartagena en las obras que tienen lugar en el emplazamiento de los antiguos diques de Feringán.

Como ya supondrán la medida no fue acogida calurosamente por el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Cartagena ni por el rectorado de la Universidad de Murcia pero si fue acatada disciplinadamente y si no recuerdo mal ni tan siquiera traslució una critica a la opinión pública hacia la Dirección General de Cultura.

Por ello me considero mas que legitimado en mi triple condición de presidente  de la Asociación ADEPA que agrupa a mas de 100 profesionales y ciudadanos de Cartagena, como antiguo Director General de Cultura y como socialista para exigir al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena y en la Dirección General de Cultura a que cumpla la ley, paralice las licencias y los derribos ilegales y retire un catálogo que como demostraremos en los próximos días tiene más errores que palabras.

Ante estos hechos el Sr. Megías, la Sra. Directora General de Cultura, el Sr. Director General de urbanismo y el gobierno del Sr. Valcarcel no tiene nada mas que una opción: hacer cumplir la ley al ayuntamiento de Cartagena o hacerse cómplice por sectarismo de sus actuaciones.

Juan-Miguel Margalef

Presidente de ADEPA       

        

El museo de nunca acabar

Del bicentenario del Arsenal