El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Cartagena y la Sociedad Casco Antiguo han puesto en marcha
recientemente dos medidas de choque que intentan paliar algunos de los
gravísimos problemas que afectan al urbanismo cartagenero y que pueden llegar a
tener una gran trascendencia si se aplican bien. Me refiero a la ordenanza de
solares y a la elaboración de un plan especial del conjunto histórico.
La primera consideración
de orden general, que cabe hacer a estas dos iniciativas desde la perspectiva
de la Asociación para la defensa del patrimonio (ADEPA), es forzosamente
positiva, toda vez que ambas son viejas reivindicaciones de esta asociación y
ante ellas no cabe otra cosa que congratularse. Desde ADEPA pensamos que es mejor
tarde que nunca, aunque también apreciamos que la tardanza en adoptar tales
medidas ha tenido su coste para el conjunto histórico.
Las medidas aprobadas son
de orden distinto y por lo tanto merecen análisis separados.
Creemos que la necesidad
de un Plan Especial se ha hecho evidente a lo largo de los últimos años, porque
se ha ido apreciando que con medidas parciales y de corto alcance no se
conseguía detener el deterioro del Conjunto histórico ni lograr su
reactivación.
Regenerar un casco
histórico es un problema urbanístico pero también sociológico, cultural,
económico y de otros muchos órdenes que deben ser convenientemente orquestados
en un Plan Especial.
Nos parece muy bien la
decisión de elaborar un Plan Especial pero en coherencia con el espíritu de esa
iniciativa consideramos que se deben paralizar otras actuaciones del
ayuntamiento que son contradictorias con la intencionalidad del propio plan.
Naturalmente nos referimos al mal llamado catálogo de edificios protegidos, que
sin acabar de tramitarse ya se ha llevado por delante muchos edificios
singulares y alguno tan significativo como el antiguo convento de las siervas
de Jesús.
La pregunto obvia es:
¿Para qué necesitamos un Plan especial del conjunto histórico si se van a
seguir autorizando demoliciones indiscriminadamente dentro del mismo?
Nos felicitamos igualmente
por la ordenanza de solares pero hemos de reconocer que esta normativa nos
desconcierta un poco y nos suscita muchas dudas. Lo primero que nos parece
extraño es que se pretenda aplicar por igual al Conjunto histórico que al
Ensanche. La problemática de ambas zonas urbanas es bien distinta y por lo
tanto las medidas a adoptar también deben ser diferentes. Para empezar en el
Ensanche no hay un problema generalizado de solares o fincas ruinosas como
sucede en el Conjunto histórico. Lo único que hay son problemas con algún
propietario o con ciertos solares, pero esto no se debe mezclar con el Conjunto
Histórico. Por poner un ejemplo, consideramos que desde la perspectiva de ese
Plan especial que se dice que se pretende hacer, seria preciso adoptar medidas
de ayuda para que los pocos pequeños propietarios que quedan en el Conjunto
Histórico puedan rehabilitar sus viviendas y no se vean obligados a malvender.
El impacto de esta norma es diferente en función de las posibilidades
económicas de los afectados y esta circunstancia debería estar prevista en la
ordenanza. A no ser, claro está, que lo que se quiera sea facilitar la
concentración de la propiedad del suelo, que ya es altísima en nuestra ciudad
por desgracia.
Esperamos leer con detalle
la ordenanza para conocer el plan de financiación que sin duda debe acompañar a
una medida tan ambiciosa como la que se enuncia. Ahí es nada: expropiar a los
propietarios de solares y edificios ruinosos que no construyan en los dos
próximos años. Nada más y nada menos. ¿Cómo se va financiar esa medida? ¿Qué
procedimientos de inspección y seguimiento la van a acompañar? ¿Cómo se va a
evitar la picaresca?. Porque ¿Quién nos dice que lo que les interesa a los
acumuladores de suelo no es otra cosa sino que los expropien?. La expropiación
a precios de mercado no es tan mal negocio.
Por otra parte y atendiendo
a la situación económica del ayuntamiento de Cartagena en particular que es muy
mala de por sí, y del mundo en general después del atentado a las torres
gemelas de Nueva York, es difícil imaginar peor momento que el presente para
aprobar una medida semejante.
Nos encontramos al final de
un ciclo de crecimiento -desaprovechado por cierto- y la recesión que se
avecina afectará a buen seguro a la construcción y desde luego a las
inversiones públicas.
Esto supone que muchos de
los solares que han aparecido en estos últimos años seguirán sin construir
muchos años más y además se encarecerán en mayor medida que si estuvieran
ocupados por los edificios originales. Esta es una de las consecuencias que se
derivan de autorizar derribos sin obtener garantías de que se van a efectuar
las reposiciones necesarias.
¿Va a tener el Ayuntamiento
de Cartagena los recursos necesarios para adquirir a los particulares todo ese
suelo? ¿Es justo que ahora tengamos que comprar con dinero público el suelo
urbano a quienes lo han acaparado durante años con propósitos especulativos?
¿No se estará buscando una coartada para esta operación, verdad?
Los esfuerzos del equipo de
gobierno de Doña Pilar Barreiro han ido encaminados básicamente hasta ahora a
limpiarle la cara a las principales vías de la ciudad y a consentir la
demolición de edificios protegidos con la esperanza de que se volviera a
construir en el casco histórico.
Ha sido como puede verse un
vano intento porque salvo el arreglo de las principales vías internas de la
ciudad y alguna pequeña reactivación de la construcción en la calle del Carmen
o la calle Santa Florentina el resultado de esta política ha sido la pérdida de
patrimonio urbano singular, el incremento de solares y la no-reactivación de
los Peris existentes en el casco.
La política seudo liberal
de dejar hacer al mercado ha producido los efectos que eran de esperar: el
patrimonio histórico común ha disminuido y el desequilibrio económico entre los
más ricos y los más pobres se ha incrementado.
La bonanza económica ha
pasado y, o mucho nos equivocamos, o la mayoría de los que han conseguido echar
abajo edificios protegidos especularán ahora con los solares amparándose en la
situación económica general diga lo que diga la ordenanza.
El primero que no cumplirá
con sus obligaciones será el propio ayuntamiento que después de tirar
apresuradamente el convento de las Siervas ahora tendrá que dejarlo convertido
en solar. Ya que parece bastante improbable que en una época en la que el
turismo está descendiendo en todo el mundo se construyan más hoteles en
Cartagena.
De forma que bien venidas
sean las ordenanzas si su aplicación es correcta, rápida y efectiva. No podemos
perder más tiempo en Cartagena.
Juan-Miguel Margalef
Martínez
Presidente de ADEPA
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