La zafiedad burocrática del Ministerio de Cultura en los informes solicitados por el Juzgado nº 5 de Cartagena permiten que se cierre en falso la ofensa al patrimonio histórico español que se está cometiendo en el Montesacro.
El Instituto de Patrimonio Histórico dependiente del Ministerio de Cultura ha emitido dos informes al respecto. Uno el 16 de diciembre de 2010, donde la jefa del servicio de arqueología del IPCE –que no nos consta que haya visitado el yacimiento siquiera- soslayaba prácticamente todas las preguntas que se le hacían y se limitaba a decir que la excavación se había hecho “conforme a derecho”. Lo que significa poco más que se había investigado arqueológicamente y que se había emitido un informe científico respecto a la excavación. Como la informante era arqueóloga evitó todas las preguntas de carácter urbanístico que ponían de manifiesto que si bien se había hecho una investigación arqueológica no se había actuado de acuerdo con esa investigación.
La inconsistencia de aquel informe provocó su devolución al IPCE y la reiteración de las preguntas iniciales. Ello provocó un segundo informe, de 2 de marzo, que prácticamente ha seguido la misma línea del primero. Este último informe es el que ha precipitado el archivo de la causa al no estimar el juez la petición de nuevas pruebas que hemos hecho los denunciantes.
En la primera página del segundo informe se pretende abordar los aspectos arqueológicos y urbanísticos de la cuestión, pero en la segunda página se remite nuevamente al punto 9 del primer informe, que es donde se revisaba el procedimiento administrativo arqueológico seguido y nada más que eso: investigación, catas y supervisión administrativa por el organismo competente. En este segundo informe se reitera y subraya la declaración de la jefa del departamento de arqueología que dice literalmente “que en la tramitación del expediente urbanístico, en lo referente a la actuación arqueológica, se ha actuado conforme a derecho” (Sic). Es digna de observar la precisión que hace el propio redactor del informe, que sólo se pronuncia sobre la actuación arqueológica y no con respecto al resto del expediente urbanístico. También se repite en este segundo informe la invocación patética –impropia a todas luces de un informe que se suponía técnico- “que es de lamentar que el PERI del Monte Sacro no recuperase para la ciudad, como espacio público, la colina del Montesacro. (Sic)
En definitiva ambos informes se ciñen a la actuación arqueológica y evitan valorar los efectos de la misma que es donde estaba el posible delito del Montesacro. ¿De qué sirve que se investigue y se supervise una excavación si de esos actos administrativos no se deducen consecuencias protectoras para el bien investigado? ¿Para qué sirve una declaración de BIC, si no se define el perímetro a proteger?
En este segundo informe aflora sin embargo la que es la causa última de tanta zafiedad del Ministerio de Cultura. Al final del penúltimo párrafo de la página 3 se afirma literalmente “que no es competencia del IPCE responder a las preguntas que supongan cuestionar la gestión urbanística, arqueológica y patrimonial del Ayuntamiento de Cartagena ni de la Comunidad Autónoma de Murcia ya que dicha gestión es de su competencia exclusiva y por lo tanto cualquier manifestación al respecto podría resultar una ingerencia indebida y conflicto de competencias.
Es decir, que requerido por un órgano judicial que investiga un posible expolio de un bien patrimonial histórico y por la fiscalía, el principal organismo técnico del Ministerio de Cultura evita pronunciarse por delicadeza hacia las administraciones local y regional. O dicho de otra manera: no les importa a los funcionarios que firman este informe que se destruya o se envilezca un bien del patrimonio histórico español a cambio de que haya “buen rollo” entre administraciones.
El argumento es tan falaz y egoísta que sonroja. ¿Desde cuando un funcionario se puede negar a informar a un juzgado de lo penal que investiga un posible delito por miedo a molestar a otras administraciones? ¿Puede acaso un funcionario público seleccionar en función de su comodidad las preguntas que responde a un órgano judicial sin incurrir en obstrucción a la justicia? ¿Por qué se conforma el juzgado de Cartagena y la fiscalía con la negativa de los funcionarios del Ministerio de Cultura? ¿Se ha conformado acaso la jueza de Sevilla con la negativa de la Junta de Andalucía a enviarle las actas de los Consejos de Gobierno de los ERE?
Creíamos que la función pública estaba para servir al bien común y no a la comodidad de los funcionarios, pero al parecer no es así. La indolencia de los funcionarios del Ministerio de Cultura se suma a la pasividad de otros técnicos regionales que hacen informes “políticos” o que no hacen valer los informes técnicos que emitieron en el pasado. De esta forma entre unos y otros se va destruyendo la organización del estado democrático, que se basa en parte en la diferenciación de funciones entre técnicos y políticos.
¡Arreglados vamos, si esto sigue así y arreglado va el Patrimonio histórico español!
El informe técnico del Ministerio de Cultura estaba llamado a ser el único informe independiente que se practicara en unas diligencias que se han caracterizado por un escaso celo instructor. La prueba de esa falta de celo es que las declaraciones de los peritos de la parte denunciada y de los imputados no han sido contrastadas por órganos consultivos competentes. Por otra parte el juzgado no ha estimado conveniente autorizar las nuevas pruebas que solicitó la acusación popular.
Continuar en estas circunstancias excede de las posibilidades de una acusación popular y por ello acatamos el archivo aunque discrepamos de las razones del mismo.
JUAN MIGUEL MARGALEF MARTINEZ (ADEPA), JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ANTONIO VIDAL OLIVO, PONCIANO ROLDAN, JORGE JAVIER SANCHEZ MARTINEZ (ASOCIACION DE RECREACION DEPORTIVA ORGULLO CARTAGINENSE), MARTIN RODRIGUEZ MARQUEZ, JOSEFA MUÑOZ PLAZA, MILAGROS VIQUEIRA LAMADRID Y ANTONIO CEGARRA OJADOS, JUAN RUIZ ROS, ISABEL RUIZ NAVAS, JUAN LUIS NAVAS RIVAS Y JUANA JIMENEZ LEON
