El catalogazo

EL CATALOGAZO

Lo grave e ilegal del “Catálogo de modificaciones al grado de protección del PGMO”, que acaba de aprobar el pleno del Ayuntamiento de Cartagena es que no prueba de que forma puede ser un instrumento de la política de protección del patrimonio histórico al que está obligado un ayuntamiento que tiene un conjunto histórico que es BIC como el de Cartagena.

El documento aprobado es en su literalidad: una mera lista de edificios que cambian de grado o se desprotegen definitivamente. No hay ninguna explicación de porque se hace el nuevo catálogo, ni porque se hacen ciertos cambios en la calificación de algunos edificios. Los inmuebles son tratados de uno en uno sin atender al entorno en el que están ubicados. Las modificaciones que les afectan no están avaladas por informes técnicos arquitectónicos ni de Bellas Artes. No se menciona tampoco cuando o como van a ser repuestos los edificios que se descalifican total o parcialmente y que serán rápidamente demolidos a buen seguro. No se dice a que filosofía urbanística y protectora del patrimonio responden esas medidas. Nada de nada. Sólo una lista.

            Este es en definitiva un catálogo que se podría aplicar igualmente en el Ensanche de Cartagena que en el casco histórico.

            Para valorar sus efectos no hay nada mas que cerrar los ojos e imaginar Cartagena con 63 solares más, que es el número de edificios que se desprotegen en este documento. Quien carezca de imaginación para este ejercicio basta que consulte algunas fotografías de Sarajevo o Beirut, ciudad esta última que ya ayudamos a recrear cinematográficamente.

            Pero este documento es además de grave ilegal, como ya he dicho, porque no es una alternativa a ese Plan especial del Conjunto histórico de Cartagena a que obliga la Ley de Patrimonio y el Ayuntamiento se niega a ejecutar. La Ley de patrimonio permite que instrumentos alternativos de planificación urbanística sirvan como alternativa al Plan especial pero exige que cumplan las exigencias relativas a la protección del Patrimonio que se establecen en la Ley. Dichas exigencias son muy concretas y no aparecen por ninguna parte en este proyecto de nuevo catálogo.

Por ejemplo se debe evitar los “usos degradantes para el propio Conjunto” (21.2); se debe conseguir “el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como las características generales de su ambiente “(21.3); se indica, en fin, que se pueden sustituir inmuebles solo en el caso de que se demuestre que su sustitución contribuye a la conservación del conjunto” (21.3). Estos objetivos no se consiguen  con un mero cambio de protección, como puede verse en el caso del Convento de las Siervas que a pesar de ser grado 3 corre peligro de demolición.

Ninguno de esos aspectos queda claro en el proyecto de nuevo catálogo, como tampoco se expresa en el mismo de que forma un ayuntamiento que no es capaz de acabar con los solares en el centro de Cartagena va a conseguir que esos 63 nuevos solares se construyan. ¿Con qué medidas? ¿Con qué ayudas?. ¿Cómo se va a conseguir que calles como la de Sagasta que tiene 13 inmuebles descatalogados no acusen el efecto ambiental de esa medida.

Nos encontramos pues ante un documento irresponsable en el mas pleno sentido de la palabra que puede tener efectos muy nocivos para nuestra ciudad y del que serán culpables los políticos que lo han promovido. Los técnicos ya han tenido buen cuidado de quedarse fuera.

Viendo este documento se comprende el secretismo con el que se ha llevado a cabo y porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha hecho oídos sordos a las propuestas de ayuda que por encima de diferencias ideológicas hemos hecho muchos ciudadanos en nuestro afán de aportar nuestro granito de arena.

No se ha hecho caso a nuestros intentos de crear organismos de consulta eficaces y responsables. No se han solicitado informes a entidades consultivas, que es un recurso habitual en este tipo de procesos. Por no tener ese documento ni siquiera tiene el apoyo de los técnicos de la administración que han trabajado en algún momento en el catálogo.

Como es público y notorio el concejal Balibrea y la Directora General de cultura han sido los únicos partícipes en la última fase de elaboración de este “catalogazo”. Ellos sabrán a que intereses han obedecido pero desde luego no a la intención de proteger el Conjunto histórico de Cartagena que con este catalogo corre peligro de perder incluso la calificación como tal.

¡Podemos ahorrarnos pues el viaje a Edimburgo!. De antemano le digo a nuestra alcaldesa, tan dispuesta a partir en viaje de estudios, que la legislación inglesa es mucho más estricta que la nuestra en esta materia. 

Por parte de Adepa la mano sigue tendida para enmendar este entuerto pero también estará firme para defender el Conjunto histórico de Cartagena donde haga falta.

Juan-Miguel Margalef

Presidente de ADEPA

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A buenas horas mangas verdes

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena y la Sociedad Casco Antiguo han puesto en marcha recientemente dos medidas de choque que intentan paliar algunos de los gravísimos problemas que afectan al urbanismo cartagenero y que pueden llegar a tener una gran trascendencia si se aplican bien. Me refiero a la ordenanza de solares y a la elaboración de un plan especial del conjunto histórico.

La primera consideración de orden general, que cabe hacer a estas dos iniciativas desde la perspectiva de la Asociación para la defensa del patrimonio (ADEPA), es forzosamente positiva, toda vez que ambas son viejas reivindicaciones de esta asociación y ante ellas no cabe otra cosa que congratularse. Desde ADEPA pensamos que es mejor tarde que nunca, aunque también apreciamos que la tardanza en adoptar tales medidas ha tenido su coste para el conjunto histórico.

Las medidas aprobadas son de orden distinto y por lo tanto merecen análisis separados.

Creemos que la necesidad de un Plan Especial se ha hecho evidente a lo largo de los últimos años, porque se ha ido apreciando que con medidas parciales y de corto alcance no se conseguía detener el deterioro del Conjunto histórico ni lograr su reactivación.

Regenerar un casco histórico es un problema urbanístico pero también sociológico, cultural, económico y de otros muchos órdenes que deben ser convenientemente orquestados en un Plan Especial.

Nos parece muy bien la decisión de elaborar un Plan Especial pero en coherencia con el espíritu de esa iniciativa consideramos que se deben paralizar otras actuaciones del ayuntamiento que son contradictorias con la intencionalidad del propio plan. Naturalmente nos referimos al mal llamado catálogo de edificios protegidos, que sin acabar de tramitarse ya se ha llevado por delante muchos edificios singulares y alguno tan significativo como el antiguo convento de las siervas de Jesús.

La pregunto obvia es: ¿Para qué necesitamos un Plan especial del conjunto histórico si se van a seguir autorizando demoliciones indiscriminadamente dentro del mismo?

Nos felicitamos igualmente por la ordenanza de solares pero hemos de reconocer que esta normativa nos desconcierta un poco y nos suscita muchas dudas. Lo primero que nos parece extraño es que se pretenda aplicar por igual al Conjunto histórico que al Ensanche. La problemática de ambas zonas urbanas es bien distinta y por lo tanto las medidas a adoptar también deben ser diferentes. Para empezar en el Ensanche no hay un problema generalizado de solares o fincas ruinosas como sucede en el Conjunto histórico. Lo único que hay son problemas con algún propietario o con ciertos solares, pero esto no se debe mezclar con el Conjunto Histórico. Por poner un ejemplo, consideramos que desde la perspectiva de ese Plan especial que se dice que se pretende hacer, seria preciso adoptar medidas de ayuda para que los pocos pequeños propietarios que quedan en el Conjunto Histórico puedan rehabilitar sus viviendas y no se vean obligados a malvender. El impacto de esta norma es diferente en función de las posibilidades económicas de los afectados y esta circunstancia debería estar prevista en la ordenanza. A no ser, claro está, que lo que se quiera sea facilitar la concentración de la propiedad del suelo, que ya es altísima en nuestra ciudad por desgracia.

Esperamos leer con detalle la ordenanza para conocer el plan de financiación que sin duda debe acompañar a una medida tan ambiciosa como la que se enuncia. Ahí es nada: expropiar a los propietarios de solares y edificios ruinosos que no construyan en los dos próximos años. Nada más y nada menos. ¿Cómo se va financiar esa medida? ¿Qué procedimientos de inspección y seguimiento la van a acompañar? ¿Cómo se va a evitar la picaresca?. Porque ¿Quién nos dice que lo que les interesa a los acumuladores de suelo no es otra cosa sino que los expropien?. La expropiación a precios de mercado no es tan mal negocio.

Por otra parte y atendiendo a la situación económica del ayuntamiento de Cartagena en particular que es muy mala de por sí, y del mundo en general después del atentado a las torres gemelas de Nueva York, es difícil imaginar peor momento que el presente para aprobar una medida semejante.

Nos encontramos al final de un ciclo de crecimiento -desaprovechado por cierto- y la recesión que se avecina afectará a buen seguro a la construcción y desde luego a las inversiones públicas.

Esto supone que muchos de los solares que han aparecido en estos últimos años seguirán sin construir muchos años más y además se encarecerán en mayor medida que si estuvieran ocupados por los edificios originales. Esta es una de las consecuencias que se derivan de autorizar derribos sin obtener garantías de que se van a efectuar las reposiciones necesarias.

¿Va a tener el Ayuntamiento de Cartagena los recursos necesarios para adquirir a los particulares todo ese suelo? ¿Es justo que ahora tengamos que comprar con dinero público el suelo urbano a quienes lo han acaparado durante años con propósitos especulativos? ¿No se estará buscando una coartada para esta operación, verdad?

Los esfuerzos del equipo de gobierno de Doña Pilar Barreiro han ido encaminados básicamente hasta ahora a limpiarle la cara a las principales vías de la ciudad y a consentir la demolición de edificios protegidos con la esperanza de que se volviera a construir en el casco histórico.

Ha sido como puede verse un vano intento porque salvo el arreglo de las principales vías internas de la ciudad y alguna pequeña reactivación de la construcción en la calle del Carmen o la calle Santa Florentina el resultado de esta política ha sido la pérdida de patrimonio urbano singular, el incremento de solares y la no-reactivación de los Peris existentes en el casco.

La política seudo liberal de dejar hacer al mercado ha producido los efectos que eran de esperar: el patrimonio histórico común ha disminuido y el desequilibrio económico entre los más ricos y los más pobres se ha incrementado.

La bonanza económica ha pasado y, o mucho nos equivocamos, o la mayoría de los que han conseguido echar abajo edificios protegidos especularán ahora con los solares amparándose en la situación económica general diga lo que diga la ordenanza.

El primero que no cumplirá con sus obligaciones será el propio ayuntamiento que después de tirar apresuradamente el convento de las Siervas ahora tendrá que dejarlo convertido en solar. Ya que parece bastante improbable que en una época en la que el turismo está descendiendo en todo el mundo se construyan más hoteles en Cartagena.

De forma que bien venidas sean las ordenanzas si su aplicación es correcta, rápida y efectiva. No podemos perder más tiempo en Cartagena.

Juan-Miguel Margalef Martínez

Presidente de ADEPA