Blog de patrimonio histórico Juan Miguel Margalef

Cierre en falso

2011-04-15T12:34:00.000-07:00

La zafiedad burocrática del Ministerio de Cultura en los informes solicitados por el Juzgado nº 5 de Cartagena permiten que se cierre en falso la ofensa al patrimonio histórico español que se está cometiendo en el Montesacro.

El Instituto de Patrimonio Histórico dependiente del Ministerio de Cultura ha emitido dos informes al respecto. Uno el 16 de diciembre de 2010, donde la jefa del servicio de arqueología del IPCE –que no nos consta que haya visitado el yacimiento siquiera- soslayaba prácticamente todas las preguntas que se le hacían y se limitaba a decir que la excavación se había hecho “conforme a derecho”. Lo que significa poco más que se había investigado arqueológicamente y que se había emitido un informe científico respecto a la excavación. Como la informante era arqueóloga evitó todas las preguntas de carácter urbanístico que ponían de manifiesto que si bien se había hecho una investigación arqueológica no se había actuado de acuerdo con esa investigación.

La inconsistencia de aquel informe provocó su devolución al IPCE y la reiteración de las preguntas iniciales. Ello provocó un segundo informe, de 2 de marzo, que prácticamente ha seguido la misma línea del primero. Este último informe es el que ha precipitado el archivo de la causa al no estimar el juez la petición de nuevas pruebas que hemos hecho los denunciantes.

En la primera página del segundo informe se pretende abordar los aspectos arqueológicos y urbanísticos de la cuestión, pero en la segunda página se remite nuevamente al punto 9 del primer informe, que es donde se revisaba el procedimiento administrativo arqueológico seguido y nada más que eso: investigación, catas y supervisión administrativa por el organismo competente. En este segundo informe se reitera y subraya la declaración de la jefa del departamento de arqueología que dice literalmente “que en la tramitación del expediente urbanístico, en lo referente a la actuación arqueológica, se ha actuado conforme a derecho” (Sic). Es digna de observar la precisión que hace el propio redactor del informe, que sólo se pronuncia sobre la actuación arqueológica y no con respecto al resto del expediente urbanístico. También se repite en este segundo informe la invocación patética –impropia a todas luces de un informe que se suponía técnico- “que es de lamentar que el PERI del Monte Sacro no recuperase para la ciudad, como espacio público, la colina del Montesacro. (Sic)

En definitiva ambos informes se ciñen a la actuación arqueológica y evitan valorar los efectos de la misma que es donde estaba el posible delito del Montesacro. ¿De qué sirve que se investigue y se supervise una excavación si de esos actos administrativos no se deducen consecuencias protectoras para el bien investigado? ¿Para qué sirve una declaración de BIC, si no se define el perímetro a proteger?

En este segundo informe aflora sin embargo la que es la causa última de tanta zafiedad del Ministerio de Cultura. Al final del penúltimo párrafo de la página 3 se afirma literalmente “que no es competencia del IPCE responder a las preguntas que supongan cuestionar la gestión urbanística, arqueológica y patrimonial del Ayuntamiento de Cartagena ni de la Comunidad Autónoma de Murcia ya que dicha gestión es de su competencia exclusiva y por lo tanto cualquier manifestación al respecto podría resultar una ingerencia indebida y conflicto de competencias.

Es decir, que requerido por un órgano judicial que investiga un posible expolio de un bien patrimonial histórico y por la fiscalía, el principal organismo técnico del Ministerio de Cultura evita pronunciarse por delicadeza hacia las administraciones local y regional. O dicho de otra manera: no les importa a los funcionarios que firman este informe que se destruya o se envilezca un bien del patrimonio histórico español a cambio de que haya “buen rollo” entre administraciones.

El argumento es tan falaz y egoísta que sonroja. ¿Desde cuando un funcionario se puede negar a informar a un juzgado de lo penal que investiga un posible delito por miedo a molestar a otras administraciones? ¿Puede acaso un funcionario público seleccionar en función de su comodidad las preguntas que responde a un órgano judicial sin incurrir en obstrucción a la justicia? ¿Por qué se conforma el juzgado de Cartagena y la fiscalía con la negativa de los funcionarios del Ministerio de Cultura? ¿Se ha conformado acaso la jueza de Sevilla con la negativa de la Junta de Andalucía a enviarle las actas de los Consejos de Gobierno de los ERE?

Creíamos que la función pública estaba para servir al bien común y no a la comodidad de los funcionarios, pero al parecer no es así. La indolencia de los funcionarios del Ministerio de Cultura se suma a la pasividad de otros técnicos regionales que hacen informes “políticos” o que no hacen valer los informes técnicos que emitieron en el pasado. De esta forma entre unos y otros se va destruyendo la organización del estado democrático, que se basa en parte en la diferenciación de funciones entre técnicos y políticos.

¡Arreglados vamos, si esto sigue así y arreglado va el Patrimonio histórico español!

El informe técnico del Ministerio de Cultura estaba llamado a ser el único informe independiente que se practicara en unas diligencias que se han caracterizado por un escaso celo instructor. La prueba de esa falta de celo es que las declaraciones de los peritos de la parte denunciada y de los imputados no han sido contrastadas por órganos consultivos competentes. Por otra parte el juzgado no ha estimado conveniente autorizar las nuevas pruebas que solicitó la acusación popular.

Continuar en estas circunstancias excede de las posibilidades de una acusación popular y por ello acatamos el archivo aunque discrepamos de las razones del mismo.

JUAN MIGUEL MARGALEF MARTINEZ (ADEPA), JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ANTONIO VIDAL OLIVO, PONCIANO ROLDAN, JORGE JAVIER SANCHEZ MARTINEZ (ASOCIACION DE RECREACION DEPORTIVA ORGULLO CARTAGINENSE), MARTIN RODRIGUEZ MARQUEZ, JOSEFA MUÑOZ PLAZA, MILAGROS VIQUEIRA LAMADRID Y ANTONIO CEGARRA OJADOS, JUAN RUIZ ROS, ISABEL RUIZ NAVAS, JUAN LUIS NAVAS RIVAS Y JUANA JIMENEZ LEON

¿Significa algo la declaración de Bic de San Esteban?

2011-02-26T16:07:00.000-08:00

No soy muy dado a creer en conspiraciones o agravios comparativos cuando se trata de asuntos que conciernen a las relaciones entre Murcia y Cartagena pero en este caso hay indicios que me hacen creer que existe una doble vara de medir en ciertos asuntos.

La merecidísima declaración de BIC del yacimiento de San Esteban, de la cual me congratulo como ciudadano, como miembro del foro ciudadano y como amante del patrimonio histórico, me provoca algunas reflexiones al compararla –inevitablemente- con lo que está sucediendo en Cartagena, en el Monte sacro.

Si tanta importancia otorga el gobierno del Señor Valcarcel a la declaración de BIC que es, ciertamente, el más alto nivel de protección de un Bien cultural, ¿Cómo es que no hace respetar en Cartagena la condición de BIC de la muralla de Carlos II o de Possi, que es BIC por la ley de Patrimonio histórico (16/85); que se encuentra situada además sobre una colina histórica descrita por Polibio; colina que forma parte y es límite, a la vez, del Conjunto histórico de Cartagena, que también es BIC según el Real decreto 3046/80; y que, por si fuera poco todo lo mencionado hasta ahora- se ubica en la vecindad de otros dos BIC: el molino del Monte sacro y el castillo de Zermeño?

La existencia de la muralla de Carlos II no ha sido conocida recientemente ni de forma accidental. Se descubrió hace ya siete años, en 2004, a partir de unas excavaciones arqueológicas cuyos resultados fueron conocidos por el Ayuntamiento y por la Dirección general de Cultura. Desde entonces ha habido tiempo sobrado de delimitar su entorno; de incluirla en el Plan especial de Cartagena (2007); de informarla desde la Dirección General de Cultura; de declarar el monte sacro paisaje cultural; de plantear alternativas a la propiedad como se hizo cuando los mismos propietarios construyeron el edificio de la lonja a escasos doscientos metros junto a la muralla de Carlos III. Pero nada de esto se ha hecho ni se ha reclamado que se haga desde la Administración Regional de Murcia que es quien tiene la máxima competencia en patrimonio histórico. ¿Por qué?

¿Cómo se explica que el Gobierno regional manifieste tanta sensibilidad ante las justificadas protestas ciudadanas en Murcia hasta el punto de declarar BIC el yacimiento de San Esteban y se muestre insensible ante los ciudadanos de Cartagena que vienen sufriendo los ruidos y molestias de una cantera urbana desde hace más de un año y que han tenido que recurrir a los tribunales para intentar conseguir que se aplique una ley como es debido?

¿Cómo se entiende que existiendo el precedente de la sentencia que condena al ayuntamiento de Cartagena a demoler la coronación de la muralla del mar –que es un murete de un metro escaso de altura- autorice la Dirección General de Cultura a construir todo un edificio de diez plantas sobre la muralla de Carlos II en el Monte Sacro, que esta obligando a demoler medio monte con el consiguiente gasto y molestias? ¿Quién será responsable de los costes en esta ocasión?

Yo quiero pensar que las intenciones de la administración regional al declarar BIC el yacimiento de San Esteban son las mejores, pero si atendemos a las actuaciones de esa misma administración en Cartagena en el caso que acabo de relatar, también podríamos pensar que una declaración de BIC no es gran cosa si la administración que debe aplicarla no tiene después la intención de hacerla respetar, como está sucediendo en el Monte Sacro.

Encontrar una solución para la insensatez del Monte sacro es mucho más fácil si cabe porque, al contrario de San Esteban que se encuentra en una zona céntrica de Murcia, la parcela donde se está construyendo en Cartagena forma parte de una zona arruinada en la que se tardará mucho en construir como consecuencia de la crisis económica.
¿Qué problema insalvable plantea permutar esa parcela por otra vecina en el mismo Peri si a cambio se aplica la ley, se respetan los BIC que hay en el Monte sacro y se permite que Cartagena siga siendo, al menos en parte, como la describió Polibio? ¿Enmendará el señor Valcarcel al ilustre historiador?

Juan-Miguel Margalef
Presidente de ADEPA, miembro del Foro Ciudadano
Publicado en la Opinión (26/02/2011)

Cartagena, de estación a apeadero

2010-06-27T05:18:00.000-07:00

El viernes día 18 empezó el derribo de las naves anexas a la estación de Renfe en Cartagena, que estaban catalogadas en el Plan general del 87. El CEMENTERIO DE CULTURAS en que se está convirtiendo Cartagena mientras se deslumbra a los ciudadanos con algunas restauraciones espectaculares y millonarias, acoge desde hoy dos piezas más que vienen a sumarse al Monte Sacro, al CIM, a la casa Llagostera, al muelle del XIX, a la farmacia de la Calle Mayor, a las siervas, al edificio cónsul y a tantas otras aberraciones como hemos visto en los últimos años.

La conservación de las naves tiene su importancia porque la “Estación” término de Cartagena comprendía no sólo el edificio de viajeros, sino también todos los anexos que la diferenciaban de un simple apeadero: muelles, almacenes, básculas. Con este derribo la estación de Cartagena se degrada a simple apeadero. Toda una metáfora de lo que está sucediendo en el patrimonio de Cartagena a nivel general: una ciudad que podía haber sido patrimonio de la humanidad y que se está viendo reducida por la especulación y la falta de criterio a ciudad monumental.

El caso de las naves de la Renfe es especialmente significativo de la forma en que actúan contra el patrimonio histórico, de forma sañuda e inexorable, los sucesivos equipos de gobierno que han regido el ayuntamiento de Cartagena en los últimos dieciséis años. Un rasgo característico de ese modus operandi es el cinismo de elaborar normas que luego el propio Ayuntamiento viola descaradamente despreciando olímpicamente las aportaciones que, ingenuamente quizás, pretendemos hacer algunos ciudadanos que nos creemos en una democracia. Lo que ocurre en Cartagena es más bien característico de lo que se ha dado en llamar “dictadura liberal”: acceder al poder con los votos de los ciudadanos para luego gestionar arbitrariamente y en beneficio de unos pocos.

Con ocasión de la aprobación inicial de la revisión del nuevo plan general, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Cartagena de fecha 9 de octubre de 2009, pretendió suprimir de un plumazo las dos naves, como si se tratara de un error. De tapadillo, en el epígrafe 5.10.1.2 Aparcamientos (¿?), y sin que mediara la preceptiva modificación del Plan general del 87. ¿Cómo es posible que la inclusión de esas dos naves en el nuevo plan general fuera un error? ¿De quien fue el error?

Como respuesta a esa decisión oportunista y en el marco de las alegaciones al plan general, ADEPA presentó el 26 de enero de 2009, la siguiente alegación, que hacía la numero 12:

“Alegamos por injustificada y contraria a derecho la descatalogación de las dos naves de la estación de ferrocarril CT 106 y CT 107, que se pretende legalizar en el acuerdo de aprobación inicial del PGOU 2008. Las naves se encuentran en el entorno de la estación de ferrocarril, dentro del entorno del Conjunto histórico que establece el RD 3046/80, por lo que su exclusión de dicho entorno debería ser informada por la Dirección General de Cultura y llevada a cabo por los procedimientos legalmente establecidos para modificar el entorno del BIC conjunto histórico de Cartagena (Ley 16/85). Para la exclusión del catálogo del POPCH donde figuran ambas fichas a propuesta de la Dirección General de Cultura existe un procedimiento, el articulo 147, que establece claramente como han de darse de baja los bienes catalogados. Consideramos escandaloso y poco ejemplar que el propio Ayuntamiento vulnere sus propias normativas. Proponemos: que sigan incluidas en el catálogo del POPCH las fichas CT-106 y CT 107, que se justifique debidamente su desprotección y que si es necesario desprotegerlas –cosa que no consideramos necesaria dado el amplio espacio a urbanizar en el sector estación- se tramite por los procedimientos legales establecidos al efecto”

La respuesta a la alegación nº 4345 fue, como siempre, desestimatoria y un tanto enigmática porque se reconocía que las naves figuraban en el documento de aprobación inicial, pero que “no se podía hablar de descatalogación porque no se habían llegado a catalogar”:

“Sobre las naves de la estación de ferrocarril CT-106 y CT-107, que constaban en la propuesta de documento para aprobación inicial, su catalogación no ha llegado a alcanzar el acuerdo de aprobación inicial, por lo que no puede hablarse de descatalogación. En todo caso, y respecto a la propuesta de Catálogo contenida en el documento en tramitación sometido a información pública, se estará a lo que dictamine el organismo competente en materia de patrimonio histórico, tanto para exclusiones, como modificaciones o adiciones a la propuesta.

¿Quién propuso las naves para catalogar? ¿Por qué no se llegaron a catalogar? ¿Qué ha dictaminado el organismo competente en materia de patrimonio histórico hasta el día de la fecha?

Posteriormente, en noviembre de 2009, el equipo de gobierno del ayuntamiento de Cartagena, aprobó la modificación puntual 134 de la estación del ferrocarril, en la que ni siquiera se menciona la catalogación patrimonial de las naves ni su situación en el conjunto de la estación. En esta ocasión los cómplices necesarios para esta nueva arbitrariedad dañina para el patrimonio histórico de Cartagena son los técnicos municipales, las Direcciones Generales de vivienda y de Bellas Artes de la Comunidad Autónoma, que supervisan “teóricamente” las actuaciones municipales pero que nunca intervienen para paralizar actuaciones equivocadas de sus correligionarios; y no se puede olvidar a la jurisdicción contencioso administrativa que no ha tenido a bien resolver en tres años el contencioso de ADEPA contra el Plan especial de Cartagena y su modificación presuntamente ilegal del Real decreto 3046/80 de delimitación del conjunto histórico y de su entorno de protección.

Una de las cosas que más llaman la atención en la modificación puntual 134 es que la justificación última del derribo de las naves de la Renfe es garantizar la viabilidad financiera del proyecto incrementando la edificabilidad prevista. Como en el caso del Monte sacro y del CIM una vez más parece que Cartagena no puede crecer si no es metiendo la pala y destruyendo patrimonio histórico.

¡Descansen en paz las naves de la Renfe, se ha subsanado el error de planificación, aunque Cartagena pase de estación a apeadero!

FDO: Juan-Miguel Margalef

Presidente de ADEPA

Miembro del Foro ciudadano de la Región de Murcia

Presentación de la Ciudad Borrada La opinión: 06/07/2007

2010-06-01T12:37:00.000-07:00

http://www.forociudadano.org/documentos/articulos/cultura/ciudad_borrada.htm

El futuro del urbanismo histórico en Cartagena

2010-06-01T12:35:00.000-07:00

El futuro del urbanismo histórico en Cartagena

La revisión del Plan General que acabó su exposición pública en enero pasado es, en materia de urbanismo histórico, un compendio de todos los errores que se han cometido en Cartagena desde 1995. Refleja además la escasa capacidad autocrítica y la nula voluntad de enmienda que tienen los responsables municipales del paron urbanístico inequívoco que aqueja al conjunto histórico de la ciudad. La degradación del casco histórico de Cartagena es reconocida por los propios redactores del plan que, a pesar de ello, no proponen medidas correctoras e insisten en la misma “estrategia” urbanística que se ha venido siguiendo hasta ahora.

Los datos están en el propio plan, en la pagina 182 de la memoria informativa: la población del conjunto histórico ha descendido de 14.598 a 11.590 habitantes entre 1996 y 2001. La ocupación residencial oscila entre el 25 % de la C/Carmen y el 13% del Monte Sacro. El 42% de las parcelas edificables son solares; reconociendo los redactores del plan que “la densidad de viviendas es baja en comparación con otras ciudades españolas”. El número de viviendas abandonadas oscila entre el 30 y el 35% del parque existente. La actividad comercial está en franca regresión. Los servicios hoteleros son escasos.

Para hacer frente a datos tan abrumadores los redactores del plan se proponen seguir con las expropiaciones y demoliciones que apuntan ahora al Barrio de Santa Lucia, que forma parte del entorno del Conjunto histórico, y al Arsenal, cuyo muro se desprotege para facilitar la invasión. En la revisión del Plan general no hay una sola medida económica especial para el fomento del Conjunto histórico, cuya situación se ha agravado terriblemente con las actuaciones en el Monte Sacro. La única medida protectora del patrimonio histórico se reduce al “Plan especial de reforma del Conjunto histórico” vigente, cuyos efectos y escaso grado de cumplimiento podemos apreciar en el edificio Cónsul, que se eleva sobre un edificio protegido con grado 3.

La revisión del Plan general obvia toda referencia legislativa y operativa a los dos conjuntos históricos más importantes que existen en nuestro termino municipal. Conjuntos que, en pura lógica, deberían ser la piedra angular del planeamiento de una ciudad que dice apostar por rentabilizar su inmensa riqueza patrimonial. Nos referimos concretamente al Real decreto 3046/80 que declaró el conjunto histórico de Cartagena, que se hace desaparecer del Plan; y a la declaración del conjunto histórico de la Sierra Minera, que no se incluye en la revisión, a pesar de haber sido recientemente promulgada por la administración regional. Ambas referencias son insoslayables en pura lógica, pero sobre todo la primera, porque es un Real decreto que no puede ser alterado sino por la misma autoridad que lo elaboró.

La omisión de referencias al Real decreto 3046/80 es claramente interesada; porque abre el camino de forma presuntamente ilegal a la modificación de los limites del entorno del conjunto histórico en la fachada este de Cartagena y favorece descaradamente una operación especulativa en Santa Lucia, tan desaforada e irresponsable, como ha sido la del Barrio universitario y la del Monte sacro.

Si es que trasciende a las expropiaciones, al asolamiento del barrio y a la concentración de la propiedad del suelo, como ha sucedido ya en el Monte Sacro, la característica más significativa de la operación de Santa Lucia será levantar un frente edificatorio de ocho plantas en primera fila, junto a la carretera, desde los “Techos bajos” a la Grúa Sansón; de espaldas al resto del barrio; que quedará convertido así en un guetto entre el Castillo de los moros y esta prolongación de la muralla del mar. Un barrio como el de Santa Lucia que con imaginación podría ser una especie de “Albaicin-marinero cartagenero” sacrificará su visión del mar en provecho de unos pocos propietarios, que aprovecharán gracias al Plan General el beneficio fácil de la primera línea del barrio frente al mar. ¿Qué alturas edificatoria se autorizarán detrás de esa muralla: rascacielos de treinta pisos o quizás un segundo edificio cónsul sobre el castillo de los moros?

Lo peor de todo no es sólo el desprecio que manifiesta la revisión del plan hacia el entorno histórico próximo, que en el caso de Santa Lucia incluye elementos tan importantes como el Hospital de marina, la muralla de Carlos III o el Castillo de los moros, en los que se ha invertido enormes sumas de dinero; sino también la repetición de un modelo de gestión urbanística des-reguladora y privatizadora de corte thatcherista, que ataca las leyes protectoras del patrimonio -con las que al parecer no saben administrar nuestros munícipes-; que fomenta una gestión del suelo que necesita expulsar a los habitantes de la ciudad, expropiándolos a precios ridículos; que concentra la propiedad del suelo y que favorece la conversión del patrimonio urbano en solares de alto valor especulativo a la espera de futuras operaciones “ad calendas grecas”. ¿Son las leyes las culpables de la falta de imaginación de los gestores? ¿Son los reguladores del mercado los que impiden crear riqueza? ¿Recuerdan ustedes las consecuencias que han tenido políticas semejantes en la economía mundial?

Idéntica operación a la de Santa Lucia está prevista en la fachada oeste donde se alza el único Arsenal ilustrado del Mediterráneo y en el frente marítimo donde una de las mejores dársenas naturales e históricas del mare nostrum parece condenada a desaparecer colmatada de pantalanes, talleres de Navantia, puertos deportivos y auditorios que -en teoría- no tapan la visión del mar.

Paradójico planeamiento urbanístico es éste que se nos propone para una ciudad que podría fundamentar su porvenir en su riqueza patrimonial.

Juan-Miguel Margalef

Miembro del foro ciudadano

Tirando al monte sacro

2010-06-01T12:29:00.000-07:00

Tirando al monte… Sacro

No deja de ser una paradoja que en esta Cartagena nuestra que ha acabado por comprender que la arqueología no es tan mala para el negocio como algunos creyeron en otro tiempo, se planteen conflictos como el de los edificios del Monte Sacro.

En una ciudad tan llena de solares como de riquezas arqueológicas y donde hay tantísimo sitio para construir ¿Cómo es posible que sea necesario improvisar una parcela en la ladera más abrupta de una de las colinas que configuran la Cartagena antigua para construir encima mismo de la muralla de Possi o de Carlos II?.

¿Tenemos falta de suelo construible acaso? ¿Carece la empresa constructora de otros solares donde poder construir? ¿Es tan atractivo el emplazamiento de las Torres del Monte sacro que está garantizada la venta de esos apartamentos? ¿Carece el Ayuntamiento de Cartagena de alternativas a esa parcela para permutarla? ¿Por qué es tan necesario construir en esa parcela donde precisamente se conserva un vestigio de la Muralla de Carlos II o de Possi.

Esas son las respuestas que debería dar a los cartageneros el concejal de urbanismo y el ayuntamiento al que representa que dice luchar por la conservación del patrimonio histórico.

La decisión de crear esa parcela fue un error lamentable de una corporación anterior, pero en la mano de la corporación actual ha estado y sigue estando la posibilidad de enmendar el error.

Se tuvo la ocasión de enmendarlo cuando se incumplieron las clausulas del convenio por el que se modificó el Pepri del Monte Sacro y se cedió la parcela; se tuvo la ocasión cuando se elaboró el Plan especial del Conjunto histórico de Cartagena que además se pretendía que fuera de “protección y reforma” del Monte sacro. La protección ya vemos en que ha consistido: en el arrasamiento del barrio; y la reforma –ahora se ve- consistió en aumentar hasta cinco plantas la edificabilidad de las parcelas que rodean la colina; entre ellas la de la parcela de las torres que ahora se quiere construir. Y se tuvo la ocasión de rectificar, en fin, cuando se concedió la licencia de esta obra.

Todavía se esta a tiempo de enmendar el error porque las obras no han empezado y las soluciones que apuntamos son todavía posibles.

Lamento desmentir al concejal de urbanismo cuando dice que nadie alegó contra el planeamiento del Monte Sacro antes de ahora. Debo informarle (como deberían haber hecho quizás sus técnicos y asesores) que en las alegaciones al Plan especial del Conjunto histórico de Cartagena presentadas por ADEPA en el año 2004, en el punto 23.5, página 20, (Véase página web de ADEPA) había una alegación al plan del Monte Sacro que se ilustraba precisamente con la parte del plano en el que aparecen las torres de la muralla de Possi.

Concretamente la alegación decía: “Denunciamos que en el caso del PERI del Montesacro se aprovecha el PEPRI para modificar el trazado urbano y para ampliar las alturas edificatorias en perjuicio de una de las referencias topográficas de la ciudad, la colina del mismo nombre, que se rodea con edificios de 5 y 6 alturas. El boulevard que se propone frente a la Caridad, que no estaba en el Peri del Monte Sacro, es además demasiado contundente”.

También señalábamos en esa alegación que si bien la retórica del PEOPCH es la que conviene a un conjunto histórico que se quisiera proteger, la normativa y las medidas urbanísticas de protección adoptadas son del todo inadecuadas a ese fin. Por lo general las observaciones valorativas y descriptivas son las idóneas pero quedan vacías al no traducirse en medidas de protección.

El caso de las torres de la muralla de Possi es el mejor ejemplo de la falta de criterios en materia de urbanismo histórico de la que adolece quienes gobiernan nuestro ayuntamiento y de cómo se utiliza el patrimonio histórico para ir contra él. Ya ha pasado antes (Convento de las siervas y farmacia de marina) y seguirá pasando si no se toman las medidas necesarias.

Juan-Miguel Margalef

Asociación para la defensa del patrimonio de Cartagena

Publicado en el Diario la Opinion el 20 de febrero de 2010

(http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2010/02/20/tirando-monte-sacro/231037.html)

Pretende Segado

2010-03-10T14:59:00.000-08:00

Respuesta al Concejal Segado por alusiones

Pretende el concejal JoaquÍn Segado enmascarar su responsabilidad al conceder una licencia para construir cuatro torres de 10 plantas en el Monte Sacro sobre un Bien de interés cultural en el año 2009, amparándose en algo que dijo el servicio regional de Arqueología en 1994 -y que yo suscribí plenamente- en un documento de trabajo del que di traslado al Ayuntamiento de Cartagena cuando fui director general de cultura en aquella época. Creo que hace falta mucha temeridad y cinismo para achacar la responsabilidad de los propios actos de forma tan remota y traída por los pelos.

El mencionado informe de cultura no es en absoluto, como alega el Sr. Segado, un documento de “aprobación definitiva” del Peri. De hecho la aprobación definitiva del PERI no se produjo hasta mayo del año 95, cuando el PP ya gobernaba en el Ayuntamiento de Cartagena y yo seguía siendo director General de Cultura, que lo fui hasta junio de ese mismo año. Que yo recuerde el Ayuntamiento de Cartagena no solicitó la aprobación del texto refundido. Y en el peor de los casos, aunque ese documento hubiera sido elevado a definitivo en modo alguno habría obligado a conceder la licencia si las investigaciones arqueológicas posteriores hubieran proporcionado información complementaria que cambiara sustancialmente la situación como se indica en el informe y como en efecto sucedió en 2004.

El Sr. Segado habrá visto sin duda algunos otros informes de supervisión de decisiones urbanísticas emitidos por cultura y por ello no puedo suponerle buena fe cuando toma por aprobación definitiva lo que no es -insisto- sino un documento de trabajo.

En cualquier caso las circunstancias en las que se emitió el informe ahora en cuestión son bien distintas a las del momento en que se ha emitido la licencia de obras.

En primer lugar, en el informe de cultura de 1994 se habla de un edificio retranqueado con respecto a unos restos arqueológicos que no habían sido excavados todavía en aquel entonces y de los que se ignoraba su importancia. Pues bien, ni el edificio autorizado en 2009 se retranquea sobre los restos de la Muralla de Possi, ni en 1994 sabíamos lo que sabemos ahora después de conocer la investigación de Carmen Berrocal de 2004.

De haber tenido que informar yo mismo la licencia en 2009 puede estar seguro el Sr Segado que no la habría informado positivamente. Y no lo digo ahora por oportunismo, sino que lo vengo diciendo desde que se inició la tramitación del PEOP en 2003 y sin conocer además el informe arqueológico de Doña Carmen Berrocal del que sólo he tenido conocimiento hace un mes.

Pero es que además debe saber el Sr. Segado que quien primero supo de mi nueva posición con respecto al Monte Sacro fue el equipo redactor del PEOP con el que se me reuní varias veces en representación de ADEPA en la sede de Casco Antiguo. Como aquellas reuniones fueron estériles ADEPA presentó alegaciones al plan del Monte Sacro en las que mantuvimos la misma postura y luego un contencioso ante el TSJ. Posición que es la misma que estamos sosteniendo, por cierto, en este mismo momento ante la fiscalía del TSJ, que está investigando las obras del Monte Sacro.

No estoy orgulloso de aquel informe pero creo que de sabios es rectificar, especialmente si de ello depende que no se destruya una parte importante del patrimonio de Cartagena y ello está enteramente en la mano del Sr. Segado y del Sr. Ujaldón. Si yo me “equivoqué” en 1994, no veo porque ellos han de persistir en el error.

Por último nada dice el Sr. Segado -y debería decir- del cambio de calificación de la parcela en cuestión. Parcela que se creó para un uso publico: el de reubicar a los desplazados del Monte Sacro; que se alteró cuando se hizo la permuta con Portman Golf; y que es la única de todo el Monte Sacro que se mantiene para uso privado en el Plan especial del Conjunto histórico que engloba el Monte Sacro.

¿Obliga también el informe de cultura de 1994 a eliminar el carácter social de la parcela y pasarla a uso especulativo? ¿Obliga el compromiso con Portman Golf a saltarse la ley de patrimonio y autorizar la construcción sobre un BIC?

Juan-Miguel Margalef

Presidente de ADEPA

Ex Director de Cultura

NOTA: Con el fin de apreciar la naturaleza y el alcance del informe de cultura de 1994 sugiero consultar el informe en la siguiente página web: http://www.adepa-patrimonio.org/docum_trabajo/Informe_cultura1994.htm